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Solo uno de cinco adultos mayores recibe ingresos por pensión

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Presentación de resultados. Lcda. Lyla Gil, investigadora de FUNDAUNGO, realiza su intervención durante el taller.

El 15 de marzo de 2022, FUNDAUNGO participó en el Taller-Consulta “Diagnóstico situacional de la vigencia de los derechos humanos de las personas adultas mayores en El Salvador”, organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH). El evento tuvo como objetivo indagar la perspectiva de las personas adultas mayores sobre su situación actual, para generar políticas públicas que las beneficien. Este fue el primero de dos encuentros que abordarán cuatro temas: el avance de la normativa de protección a los derechos humanos, el derecho a la salud, el sistema de protección y el análisis de situación socioeconómica.

La intervención de la Fundación estuvo a cargo de la investigadora Lyla Gil, quien realizó un análisis de la situación económica del adulto mayor, tomando en cuenta la tendencia demográfica y condición socioeconómica de la población adulta mayor, así como el funcionamiento del Sistema de Pensiones. Entre los principales resultados presentados se muestra que, del total de hogares salvadoreños, el 36 % tienen presencia de adultos mayores. Asimismo, a nivel departamental en 2021, la Población de Adultos Mayores (PAM) se concentra principalmente en los departamentos de San Salvador (14.4 %), Santa Ana (12.9 %) y La Libertad (12.8 %).

En relación a las condiciones laborales de la PAM, el 51 % se encuentra en el mercado informal, con una mayor participación de mujeres (57.8 % del total de mujeres trabajan en el sector informal y 47 % son hombres). Además, el 19.6 % se encuentra laborando como asalariado permanente (25.1 % del total de hombres y 10.1 % del total de mujeres). Los adultos mayores que declararon estar inactivos laboralmente afirmaron no buscar empleo principalmente por tres razones: i) El 37 % se encuentra realizando trabajo doméstico y de cuidados; ii) El 34.9 % no puede trabajar porque tiene una discapacidad y; iii) 17.9 % no lo hace porque reciben una pensión.

Ahondando en el tema de las pensiones, para agosto 2021 las personas adultas mayores con pensión proveniente del Sistema Público de Pensiones (SPP) asciende a 63,136 personas. En el caso del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), asciende a 56,096 personas. Lo que significa que del total de personas que deberían recibir una pensión, el 12.8 % tiene acceso a una pensión contributiva. Únicamente el 16.8 % de la PAM recibe pensión contributiva o no contributiva. En otras palabras, solo uno de cada cinco adultos mayores recibe ingresos por pensión.

En El Salvador, persisten los retos para articular esquemas, fortalecer la supervisión y promover participación social en la gestión del sistema de pensiones. Los esquemas contributivos y no contributivos no comparten marcos normativos que brinden coherencia a su funcionamiento, bajo la lógica de un sistema de protección integrado. El país está avanzando hacia el envejecimiento poblacional, en el que cada vez la población adulta mayor irá teniendo un mayor protagonismo. Esto implicará crear políticas públicas de corto, mediano y largo plazo en materia de salud, educación, de cuidado, de protección social, medidas fiscales, entre otras.

Actualmente la PAM enfrenta importantes desafíos, ya que la mayoría de este sector se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, uno de cada cinco adultos mayores está en situación de pobreza. Siendo así el grupo poblacional que percibe menores ingresos. Gran parte de este sector aún se encuentra activo en el mercado laboral, principalmente en el mercado informal. Y otra parte se encuentra realizando trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Existe una baja cobertura del sistema de protección social y de seguridad social para la población adulta mayor. De manera que es fundamental situar la protección de los derechos de las personas mayores en el centro de las respuestas de políticas públicas, principalmente en el contexto de los efectos de la pandemia por COVID-19. La cual ha exacerbado las inequidades preexistentes, donde la Población Adulta Mayor sigue siendo uno de los grupos más afectados y con mayor vulnerabilidad.