En 2015, las autoridades reportaron 51 mil 907 personas salvadoreñas deportadas desde Estados Unidos y México, lo que representa un incremento de 1.6 % respecto a 2014. Este es uno de los principales hallazgos de la monografía de El Salvador: “Una aproximación a las políticas de atención a los deportados en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”, presentada por Fundaungo el 22 de febrero.

Para el estudio, Fundaungo realizó una breve caracterización de la población salvadoreña deportada durante los últimos años. Además, sistematizó el marco legal, políticas públicas e institucionalidad vigente en El Salvador en materia de atención a personas salvadoreñas deportadas, por vía terrestre y aérea.   

El perfil de las personas salvadoreñas deportadas

Entre los principales hallazgos se encontró que más del 99% de las personas salvadoreñas deportadas proceden de Estados Unidos y México, ya sea por vía aérea o terrestre. Además, Carlos Argueta, investigador y autor de la monografía, destacó: “Una de cada cuatro personas salvadoreñas deportadas es mujer; y tres de cada cuatro deportados son hombres. Los flujos de mujeres retornadas han incrementado en los últimos años”. Hasta 2014 la mayoría de deportados provenía de Estados Unidos; pero en 2015, México se convirtió en el país que más salvadoreños retornó: más de seis de cada 10 deportados (63.0 %). 

Con respecto al tiempo de permanencia en Estados Unidos antes de la deportación, se encontró que en 2014, el 41.0 % de los deportados había permanecido menos de un mes. Además, la mayoría de los deportados son personas en edades productivas: nueve de cada 10 retornados (92.0 % en 2015) están en rangos de edad productiva (15-59 años), “lo que puede ser el reflejo del patrón de los flujos migratorios por motivos económicos”, advirtió Argueta. 

Un análisis territorial permite identificar a San Miguel (1,967 personas), Santa Ana (1,239), San Salvador (1,224) y Usulután (1,146) como los municipios de origen que más deportados registraron. Finalmente, únicamente el 6.1 % de los deportados en 2015 tenía algún antecedente criminal, cifra que permite refutar la estigmatización que sufren los deportados al ser considerados como personas con registro criminal.

Para realizar esta caracterización, Fundaungo utilizó información de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Oficina de Información y Respuesta (OIR), para el período 2008-2015. Asimismo, utilizó datos del Observatorio de Migraciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). 

Para el estudio se mapeó y analizó también los programas de recepción y reinserción para personas retornadas: Conmigrantes, Programa Bienvenido a casa, y Programa integral de reinserción de personas retornadas.

Entre las principales conclusiones de la monografía, Argueta mencionó la importancia de la articulación entre sectores para la búsqueda de soluciones. “La articulación institucional es la principal fortaleza para brindar atención integral a las personas retornadas; pero los patrones migratorios vigentes continúan siendo un reto para la política migratoria salvadoreña y regional”, explicó.

Asimismo, recomendó la creación del expediente único por persona retornada para evitar la revictimización; la ejecución de campaña de conciencia ciudadana para combatir estigmatización; diversificar aún más las oportunidades de reinserción que se ofrecen, para grupos vulnerables:niños(as), jóvenes, mujeres, personas con discapacidad; e incorporar el componente territorial como elemento de focalización en el diseño e implementación de programas.

El estudio fue comentado por el director general de migración y extranjería, Héctor Rodríguez; Daniel Ortiz, director de seguimiento y reinserción de personas retornadas, del Viceministerio para salvadoreños en el exterior; y Víctor Orellana, investigador.

La actividad contó con la presencia de representantes de instituciones nacionales e internacionales, gubernamentales y privadas, que trabajan el tema de migrantes y retornados. 

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto denominado “Una aproximación a las políticas de atención a los deportados en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”, en el cual se elaboraron tres monografías para los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras, sobre la institu

cionalidad pública con la que cuenta cada país para atender a las personas deportadas desde México y Estados Unidos. El proyecto contó con la participación de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies, Guatemala), la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo, El Salvador) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh). El proyecto contó con el apoyo financiero de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), sede Guatemala.

Se espera que este esfuerzo sirva como referencia para identificar las fortalezas y desafíos a nivel nacional y regional, para ofrecer una atención integral a esta población vulnerable.

 Lea acá la monografía de El Salvador

Lea acá la monografía de Guatemala.

Le acá la monografía de Honduras.

 

 

 
 
 
 
 

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